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Oxígeno y suspense para el PAI Golf Sant Gregori de Burriana

El pleno de Burriana dio ayer oxígeno a la empresa que se adjudicó la condición de agente urbanizador del PAI Golf Sant Gregori. Curiosamente han pasado justo dos años desde de que el mismo pleno diera luz verde al inicio del expediente de rescisión del contrato. Dicho de otro modo, una mercantil que en 2016 tenía los dos pies prácticamente fuera del proyecto y que además había entrado en concurso de acreedores, respira hoy aliviada. En este cambio de rumbo tiene mucho que ver el hecho de que un inversor haya comprado la deuda reclamada por las entidades financieras (se ha hablado de aproximadamente 40 millones de euros) y que, de paso, haya dado de nuevo viabilidad a la firma.

El equipo de gobierno burrianense afirmó ayer que, una vez recibida toda la documentación que acredita la solvencia de la empresa y una vez recibido un informe jurídico encargado a un despacho de abogados externo, procedía suspender el proceso de rescisión contractual iniciado contra esta empresa en marzo de 2016 y dejar la resolución del caso a expensas de una negociación que debería desembocar en un acuerdo entre el Ayuntamiento y la mercantil para poder arrancar el proceso de contratación de las esperadas obras.

Sin embargo, este relato de los hechos tiene muchos matices y la oposición se encargó ayer de ponerlos sobre la mesa. Y es que, además de contar con un informe externo del despacho jurídico de Amparo Baixauli (prestigiosa letrada experta en temas urbanísticos), existe otro que firman conjuntamente la secretaria municipal y la técnico de Urbanismo que se opone a las intenciones municipales.

La portavoz de Ciudadanos, María Jesús Sanchís, leyó este documento: «Sería contrario al ordenamiento jurídico que se facilitara el mantenimiento de la condición de agente urbanizador» (a Golf Sant Gregori). Cabe recordar que el inicio de la rescisión de contrato se debió a varios incumplimientos contractuales que ahora, por vía de la negociación anunciada a raíz del pleno de ayer, deberían corregirse. Otras voces, entre ellas las de los técnicos municipales, apuntarían a que el proceso debería haber sido el de ejecutar los avales y liquidar el contrato, para posteriormente volver a convocar el concurso que eligiera un nuevo agente urbanizador.

Sin embargo, el tripartito que dirige la socialista Maria Josep Safont, se ha amparado en el informe jurídico externo que avala la suspensión del proceso de rescisión (que había quedado en un limbo administrativo por inacción desde 2016) para poder iniciar conversaciones tendentes a reconducir la situación con una empresa, Golf Sant Gregori, ya supuestamente saneada. En resumen, tanto el informe de Amparo Baixauli como la decisión plenaria aprobada ayer -con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Se Puede) y Cibur; la abstención del PP;y el voto en contra de Ciudadanos-, no hacen otra cosa que dar oxígeno a una mercantil que hace ahora dos años estaba a un paso de quedarse fuera del proyecto.

En cuanto al inicio de las negociaciones, la alcaldesa anunció que creará una comisión de seguimiento de estas conversaciones con la empresa en la que quiere que estén presentes todas las partes implicadas, así como los partidos de la oposición, requerimiento este último que le hizo la portavoz de Cibur Mariola Aguilera, que, como su homólogo del PP, Juan Fuster, afeó al tripartito que en estos dos años no se haya buscado ir de la mano para encarar todos los entresijos del PAI.

 

Fuente: www.elmundo.es

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Buscarán un pacto para facilitar el desarrollo del PAI Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado para mañana jueves, a las 9.45 horas, un pleno extraordinario que tiene como objeto dejar en suspenso la decisión sobre el recurso que en su día interpuso Urbanizadora Golf Sant Gregori contra la resolución de la condición de agente urbanizador de este programa urbanístico.

La finalidad última es autorizar al consistorio a entablar negociaciones para buscar un acuerdo transaccional que permita a Urbanizadora Golf Sant Gregori recuperar la condición de urbanizador y, ahora sí, comenzar las obras de desarrollo del plan.

Para ello, el Ayuntamiento debe asumir un informe técnico que permite paralizar la resolución del recurso, en el que se defiende la legalidad del paso que se va a dar, que no es otro que el de pactar nuevas garantías a exigir a la mercantil para urbanizar los 2,5 millones de metros cuadrados que integran el PAI. Algo que es posible como consecuencia de la entrada del grupo inversor BAI, SL que adquirió tres cuartas partes de los créditos contraídos por aquella mercantil, que se vio abocada a entrar en concurso voluntario de acreedores.

PLAZOS // El nuevo inversor posee en estos momentos un tercio de los terrenos de la superficie y pretende iniciar las obras tan pronto como la tramitación burocrática así lo permita y, en todo caso, a principios del año que viene.

De ahí que en el segundo punto del orden del día del pleno de mañana se propone «asumir el informe jurídico emitido por la asistencia técnica de Amparo Baixauli, de fecha 14 de abril y, de conformidad con la propuesta formulada por la misma, iniciar conversaciones con Urbanizadora Golf Sant Gregori, con el objeto de intentar la finalización convencional del procedimiento de resolución del recurso de reposición interpuesto por esta frente al acuerdo plenario del 11 de marzo del 2016, dentro del marco del artículo 88 de la Ley 30/92, y suspender el procedimiento de resolución del recurso».

Y es que la liquidez de BAI, SL permite a Urbanizadora Golf Sant Gregori iniciar las obras de desarrollo del PAI, pero antes debe alcanzar un acuerdo transaccional con el Ayuntamiento y salir del concurso de acreedores, antes de final de año.

 

Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com

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El Consell aprueba la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

El Consell ha aprobado el Proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) para su tramitación en Les Corts.

Esta modificación afecta a cerca de cien artículos del texto legislativo ante la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un urbanismo al servicio de las personas, del interés general y más sostenible.

El Gobierno valenciano se ha marcado como objetivo, a través de la modificación de la LOTUP, favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana en la ciudad consolidada en aquellos ámbitos que puedan estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad.

Un segundo objetivo es reforzar la función de la gestión pública del urbanismo. El nuevo texto garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentando los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitando que los agentes urbanizadores puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable.

También se pretende dar los instrumentos necesarios a los ayuntamientos para que den solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que han tenido efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental, como por ejemplo, construcciones existentes en el medio urbano, urbanizaciones sin finalizar en distinto grado de ejecución, y las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable.

 

Urbanismo más humano y amable

Por primera vez, se contempla la perspectiva de género que se incorpora al artículo 13 entre los principios básicos que han de inspirar el nuevo modelo urbanístico.

Por tanto, se regula, de forma expresa, como uno de los criterios de ocupación racional del suelo, la igualdad de género entre hombres y mujeres a la hora de establecer planes y políticas urbanísticas y llevar a cabo su ejecución.

Asimismo se introduce una serie de modificaciones respecto de los estándares urbanísticos y aprovechamientos urbanísticos más adecuados para la regeneración, renovación y rehabilitación urbana.

Se crea la figura del Rehabilitador para posibilitar la edificación en solares que se mantienen especulativamente abandonados y también en aquellas zonas degradadas de la ciudad bajo un control público de los objetivos de la actuación.

En estos casos, los ayuntamientos podrán declarar zonas prioritarias en sus municipios donde se quiera facilitar la edificación de solares y acabar la trama urbana convocando un concurso público.

Por último, se elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATEs), para cumplir el mandato de Les Corts Valencianes.

En cambio, para facilitar las inversiones socioeconómicas sostenibles se prevén los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES), que regulan la posibilidad de materializar proyectos que respondan a un interés general y a un desarrollo económico compatible con el entorno en el que se lleven a cabo.

 

Fomentar la gestión directa del urbanismo

En el nuevo texto legislativo se da preferencia a la gestión directa del urbanismo frente a otros que han favorecido la especulación. Así la posibilidad de reclasificar suelo o cambiar el uso dominante del mismo únicamente se permitirá a través de programas de gestión directa por las administraciones.

La ley limita la clasificación urbanística de suelo no urbanizable a urbanizable por los PAIs. Con esta regulación se evita que intereses particulares puedan prevalecer frente a intereses generales y favorece un crecimiento más armónico y sostenible, ajustándose a las necesidades reales de suelo urbanizable y a un modelo urbanístico compacto, complejo y denso.

 

Solución para las “urbanizaciones fantasmas”

Además se establece un marco referencial mínimo para que los Ayuntamientos puedan dar solución y respuesta a las casuísticas que se dan en el territorio por las malas prácticas anteriores.

Así, se dan alternativas e instrumentos jurídicos a los municipios para que decidan cómo actuar frente aquellos suelos que iniciaron la gestión urbanística y no la han finalizado, las denominadas “urbanizaciones fantasma”.

Para los casos en que no sea viable la culminación de la actuación urbanística se brinda la posibilidad a los municipios de realizar una reversión de la reparcelación, volviendo los terrenos al estado, físico, jurídico y urbanístico inicial.

Para los casos en que no es posible esta reversión o en los que sí puede desarrollarse la actuación urbanística se prevé la posibilidad de trocear la actuación en ámbitos más pequeños y viables.

Otro aspecto novedoso son las medidas para hacer más efectivo el deber de edificar y el régimen de edificación forzosa. Por una parte se da preferencia a la edificación de los solares de las áreas urbanas consolidadas y este deber se amplia a la finalización de la urbanización.

Por último, se establecen medidas para dar solución al problema dejado por la falta de disciplina urbanística que ha facilitado la implantación irregular sobre el territorio de una gran cantidad de edificaciones aisladas o agrupadas en todo el territorio valenciano en suelo no urbanizable.

El Proyecto de ley modifica el actual régimen de minimización de impacto haciéndolo más adecuado a la realidad existente y creando las denominadas licencias de minimización de impacto ambiental y territorial que permitirán la regularización y otorgarán seguridad jurídica a las familias propietarias y beneficiarán al resto de la sociedad al incidir sobre el entorno.

 

Fuente: www.gva.es

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Promotores y expertos rechazan un Pativel “que crea inseguridad jurídica y económica” y frenará la inversión

“Es necesario un Pativel, pero no este modelo de Pativel, que es un instrumento de prohibición y anti urbano, que se realiza sin rigor ni estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos”. Estas palabras del abogado Christian Fabregat, experto en urbanismo, son el perfecto resumen de la jornada organizada ayer en Valencia por la Federación de Empresas Promotoras de la Comunidad Valenciana (Feprova) para analizar el impacto del Plan de Acción Territorial e Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), cuya tramitación está ultimando la Generalitat Valenciana.

Los expertos coincideron en que la nueva regulación impactará negativamente en propietarios de suelo, en inversores y en la economía de la Comunitat en general. En esta línea, Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, recordó que “la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el Pativel, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, si no pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración”.

Antonio Olmedo, presidente de Feprova, incidió en la preocupación del sector frente a un Pativel “que genera inseguridad jurídica y económica. Nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunidad el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población”, ha destacado.

Los participantes coincideron en señalar “serias dudas sobre aspectos relacionados con su legalidad y con las posibles indemnizaciones que se deriven de su aplicación”, según Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez Acebo y Pombo. “No quiero este Pativel ni ninguno, porque conozco otros ejemplos que han sido un desastre. La estrategia que plantea el PATIVEL para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía, ya que su fisonomía es la que es y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio”, añadió.

En este contexto, el secretario general de Feprova, Jesualdo Ros, concluyó que “no pasa nada por esperar un poco y así poder dialogar entre todas las partes”.

 

“Pérdida de inversión y empleos”

La primera mesa de debate, que ha abordado el Pativel desde el punto de vista económico, se ha centrado en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo. Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante, advirtió de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el Pativel, en un horizonte de cinco años. Señaló que “cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada”.

La segunda mesa redonda, centrada en la necesidad de analizar el Pativel desde el punto de vista jurídico, ha servido para sacar a la luz las consecuencias derivadas de las deficiencias en su redacción. Moderados por Amparo Baixauli, presidenta de la sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Valencia, participaron los abogados especialistas en Urbanismo Carlos Canellas, Rafael Ballester y Christian Fabregat.

Amparo Baixauli planteó el debate a partir de una serie de ejes en materia normativa, como las deficiencias en la redacción, las consecuencias en los planeamientos vigentes, la imprecisión en las regulaciones de categorías de suelo, las responsabilidades patrimoniales o la problemática de los terrenos con PAI aprobados.

Por su parte, Carlos Canellas, abogado, especialista en urbanismo comentó que “genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el Pativel”.

Rafael Ballester selaló que “el Pativel propone un nuevo modelo de suelo que no está regulado por ley”. Además, señaló la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones.

 

“Desastre para los propietarios”

El análisis del Pativel desde el punto de vista social se ha tratado en una tercera mesa en la que han participado Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, y Salvador Pons-Fuster, presidente de la asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), moderados por Antonio Viedma, arquitecto, quien ha insistido en que está “a favor del Pativel, pero no de este modelo, que no parece recordar que el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes”.

Esta tercera mesa de debate ha servido para exponer dos casos prácticos y la realidad de un planeamiento, que, como destaca el arquitecto, Antonio Viedma “no se puede realizar a vista de pájaro, sino bajando al terreno, donde encontramos algo más que un espacio verde, ya que está la huella de sus propietarios con pequeñas construcciones, cultivos o en algunos otros casos, zonas degradas o abandonadas”.

Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, sector MR-10, que representa a más de 70 pequeños propietarios, advertió de que, “desde 2005, se viene planteando su desarrollo, auspiciado por el propio ayuntamiento. A partir de ahí, trabas, defectos y abandono municipal ha propiciado que ahora estemos sujetos por un Pativel que ofrece menos protección medioambiental que la prevista en anteriores planeamientos, además que desde el punto de vista económico es un desastre para sus propietarios”.

Salvador Pons-Fuster, presidente de la Asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), señaló que “representa a pequeños propietarios que se sienten perdedores y resignados en un espacio que, en suma, se encuentra en un estado grave de degradación y en esta coyuntura el Pativel no viene a corregir, sino que puede recrudecer aún más”.

 

Fuente: www.eleconomista.es

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El Consell inicia los trámites para modificar la LOTUP y adaptarla al ‘nuevo ciclo de protección del territorio’

El Consell ha iniciado los trámites para modificar la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y se ha marcado seis meses de plazo para presentar una propuesta. Así lo ha anunciado esta mañana la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador al finalizar la primera reunión constitutiva del grupo “Espai Territori: experts per un nou urbanisme” en la que han participado más de una veintena de profesionales procedentes del mundo académico, institucional así como de diversas áreas multidisciplinares.

El objetivo de este nuevo círculo de expertos, creado por la conselleria, es crear un foro de participación y diálogo capaz de estudiar y analizar el urbanismo vigente, fijar directrices y criterios y realizar propuestas necesarias para las modificaciones normativas que se realizarán, como la próxima reforma de la LOTUP.

Para la consellera esta primera reunión ha servido para iniciar un proceso de modificaciones legislativas, ya que, es necesario adaptarse al “nuevo ciclo, a la nueva hoja de ruta del territorio y urbanismo que ha de ser de protección de territorio, de un urbanismo sostenible y para las personas”.

 

Dos grupos de trabajo

En este sentido, Salvador ha informado que se han creado dos grupos de trabajo. El primero denominado “Modelo Territorial y de Paisaje” que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura y el segundo, denominado “Modificación Normativa”, que tendría vigencia hasta la aprobación de las modificaciones necesarias.

Respecto a la comisión de trabajo sobre territorio y paisaje que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura, Salvador ha recordado que la conselleria ha empezado a tomar decisiones urgentes en materia de urbanismo y territorio, entre ellas ha mencionado el carácter vinculante al que se ha dotado a la estrategia territorial valenciana. De igual manera, se ha aprobado el PATRICOVA, se ha iniciado la tramitación del Plan del Litoral y en breve se presentará el plan y la ley de l’Horta, al tiempo que se abordará la redacción de los planes metropolitanos.

Para la consellera, la Generalitat está cumpliendo dentro de sus competencias en materia de planeamiento supramunicipal. “Es la mejor manera de limitar los crecimientos del territorio para pasar de un urbanismo depredador a un modelo urbanístico del territorio protector, por lo que necesitamos ese marco jurídico que acompañe esa premisa”.

Por otro lado, Salvador ha informado que los expertos convocados esta mañana han manifestado su interés por la necesidad de la reforma de la legislación vigente, pero también “tenemos que trabajar y resolver los problemas inmediatos” de un urbanismo que ha calificado de “dinámico y una realidad territorial cambiante”.

Entre los problemas inmediatos que se han abordado esta mañana ha mencionado los núcleos diseminados, las ATEs, los denominados PAIS fantasmas, los problemas en las marjalería, etc, “cuestiones que están sobre la mesa y que tenemos que abordar”.

 

Los miembros del “Espai Territori”

El grupo constituido hoy, “Espai Territori”, está formado por la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, por el secretario autonómico de la Conselleria, Vicent Boira y el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando.

Además, lo integran Ana García Salomé, técnica de Evaluación de Impacto Ambiental; Amparo Baixauli, Abogada Urbanista; Blanca Blanquer, abogada; Eugenio Burriel, Catedrático de Goegrafía; Emilia Casar, doctora en Derecho Administrativo; Carles Dolç, arquitecto urbanista; Vicente Dualde, arquitecto;Vicente García Nebot, abogado; José Hilario Garrido, presidente de los Arquitectos Urbanistas; Consuelo Leal, arquitecta del ayuntamiento de Castelló , Vicente Llombart, doctor en Ciencias Económicas; Carmen Melo, del depatamento de Geografía de la Universitat de València; José Luis Miralles, profesor de Urbanismo de la Universitat Politécnica, Arancha Muñoz, arquitecta; Joan Olmos, profesor de Urbanismo de la UPV;Gabino Ponce, profesor de Geografía Humana de la UA, Joan Romero, catedrático de Geografía Humana y Vicent Torres, doctor en Economía.

 

Fuente: www.habitatge.gva.es

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