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El Consell aprueba la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

El Consell ha aprobado el Proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) para su tramitación en Les Corts.

Esta modificación afecta a cerca de cien artículos del texto legislativo ante la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un urbanismo al servicio de las personas, del interés general y más sostenible.

El Gobierno valenciano se ha marcado como objetivo, a través de la modificación de la LOTUP, favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana en la ciudad consolidada en aquellos ámbitos que puedan estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad.

Un segundo objetivo es reforzar la función de la gestión pública del urbanismo. El nuevo texto garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentando los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitando que los agentes urbanizadores puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable.

También se pretende dar los instrumentos necesarios a los ayuntamientos para que den solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que han tenido efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental, como por ejemplo, construcciones existentes en el medio urbano, urbanizaciones sin finalizar en distinto grado de ejecución, y las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable.

 

Urbanismo más humano y amable

Por primera vez, se contempla la perspectiva de género que se incorpora al artículo 13 entre los principios básicos que han de inspirar el nuevo modelo urbanístico.

Por tanto, se regula, de forma expresa, como uno de los criterios de ocupación racional del suelo, la igualdad de género entre hombres y mujeres a la hora de establecer planes y políticas urbanísticas y llevar a cabo su ejecución.

Asimismo se introduce una serie de modificaciones respecto de los estándares urbanísticos y aprovechamientos urbanísticos más adecuados para la regeneración, renovación y rehabilitación urbana.

Se crea la figura del Rehabilitador para posibilitar la edificación en solares que se mantienen especulativamente abandonados y también en aquellas zonas degradadas de la ciudad bajo un control público de los objetivos de la actuación.

En estos casos, los ayuntamientos podrán declarar zonas prioritarias en sus municipios donde se quiera facilitar la edificación de solares y acabar la trama urbana convocando un concurso público.

Por último, se elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATEs), para cumplir el mandato de Les Corts Valencianes.

En cambio, para facilitar las inversiones socioeconómicas sostenibles se prevén los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES), que regulan la posibilidad de materializar proyectos que respondan a un interés general y a un desarrollo económico compatible con el entorno en el que se lleven a cabo.

 

Fomentar la gestión directa del urbanismo

En el nuevo texto legislativo se da preferencia a la gestión directa del urbanismo frente a otros que han favorecido la especulación. Así la posibilidad de reclasificar suelo o cambiar el uso dominante del mismo únicamente se permitirá a través de programas de gestión directa por las administraciones.

La ley limita la clasificación urbanística de suelo no urbanizable a urbanizable por los PAIs. Con esta regulación se evita que intereses particulares puedan prevalecer frente a intereses generales y favorece un crecimiento más armónico y sostenible, ajustándose a las necesidades reales de suelo urbanizable y a un modelo urbanístico compacto, complejo y denso.

 

Solución para las “urbanizaciones fantasmas”

Además se establece un marco referencial mínimo para que los Ayuntamientos puedan dar solución y respuesta a las casuísticas que se dan en el territorio por las malas prácticas anteriores.

Así, se dan alternativas e instrumentos jurídicos a los municipios para que decidan cómo actuar frente aquellos suelos que iniciaron la gestión urbanística y no la han finalizado, las denominadas “urbanizaciones fantasma”.

Para los casos en que no sea viable la culminación de la actuación urbanística se brinda la posibilidad a los municipios de realizar una reversión de la reparcelación, volviendo los terrenos al estado, físico, jurídico y urbanístico inicial.

Para los casos en que no es posible esta reversión o en los que sí puede desarrollarse la actuación urbanística se prevé la posibilidad de trocear la actuación en ámbitos más pequeños y viables.

Otro aspecto novedoso son las medidas para hacer más efectivo el deber de edificar y el régimen de edificación forzosa. Por una parte se da preferencia a la edificación de los solares de las áreas urbanas consolidadas y este deber se amplia a la finalización de la urbanización.

Por último, se establecen medidas para dar solución al problema dejado por la falta de disciplina urbanística que ha facilitado la implantación irregular sobre el territorio de una gran cantidad de edificaciones aisladas o agrupadas en todo el territorio valenciano en suelo no urbanizable.

El Proyecto de ley modifica el actual régimen de minimización de impacto haciéndolo más adecuado a la realidad existente y creando las denominadas licencias de minimización de impacto ambiental y territorial que permitirán la regularización y otorgarán seguridad jurídica a las familias propietarias y beneficiarán al resto de la sociedad al incidir sobre el entorno.

 

Fuente: www.gva.es

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Promotores y expertos rechazan un Pativel “que crea inseguridad jurídica y económica” y frenará la inversión

“Es necesario un Pativel, pero no este modelo de Pativel, que es un instrumento de prohibición y anti urbano, que se realiza sin rigor ni estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos”. Estas palabras del abogado Christian Fabregat, experto en urbanismo, son el perfecto resumen de la jornada organizada ayer en Valencia por la Federación de Empresas Promotoras de la Comunidad Valenciana (Feprova) para analizar el impacto del Plan de Acción Territorial e Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), cuya tramitación está ultimando la Generalitat Valenciana.

Los expertos coincideron en que la nueva regulación impactará negativamente en propietarios de suelo, en inversores y en la economía de la Comunitat en general. En esta línea, Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, recordó que “la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el Pativel, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, si no pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración”.

Antonio Olmedo, presidente de Feprova, incidió en la preocupación del sector frente a un Pativel “que genera inseguridad jurídica y económica. Nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunidad el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población”, ha destacado.

Los participantes coincideron en señalar “serias dudas sobre aspectos relacionados con su legalidad y con las posibles indemnizaciones que se deriven de su aplicación”, según Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez Acebo y Pombo. “No quiero este Pativel ni ninguno, porque conozco otros ejemplos que han sido un desastre. La estrategia que plantea el PATIVEL para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía, ya que su fisonomía es la que es y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio”, añadió.

En este contexto, el secretario general de Feprova, Jesualdo Ros, concluyó que “no pasa nada por esperar un poco y así poder dialogar entre todas las partes”.

 

“Pérdida de inversión y empleos”

La primera mesa de debate, que ha abordado el Pativel desde el punto de vista económico, se ha centrado en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo. Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante, advirtió de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el Pativel, en un horizonte de cinco años. Señaló que “cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada”.

La segunda mesa redonda, centrada en la necesidad de analizar el Pativel desde el punto de vista jurídico, ha servido para sacar a la luz las consecuencias derivadas de las deficiencias en su redacción. Moderados por Amparo Baixauli, presidenta de la sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Valencia, participaron los abogados especialistas en Urbanismo Carlos Canellas, Rafael Ballester y Christian Fabregat.

Amparo Baixauli planteó el debate a partir de una serie de ejes en materia normativa, como las deficiencias en la redacción, las consecuencias en los planeamientos vigentes, la imprecisión en las regulaciones de categorías de suelo, las responsabilidades patrimoniales o la problemática de los terrenos con PAI aprobados.

Por su parte, Carlos Canellas, abogado, especialista en urbanismo comentó que “genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el Pativel”.

Rafael Ballester selaló que “el Pativel propone un nuevo modelo de suelo que no está regulado por ley”. Además, señaló la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones.

 

“Desastre para los propietarios”

El análisis del Pativel desde el punto de vista social se ha tratado en una tercera mesa en la que han participado Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, y Salvador Pons-Fuster, presidente de la asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), moderados por Antonio Viedma, arquitecto, quien ha insistido en que está “a favor del Pativel, pero no de este modelo, que no parece recordar que el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes”.

Esta tercera mesa de debate ha servido para exponer dos casos prácticos y la realidad de un planeamiento, que, como destaca el arquitecto, Antonio Viedma “no se puede realizar a vista de pájaro, sino bajando al terreno, donde encontramos algo más que un espacio verde, ya que está la huella de sus propietarios con pequeñas construcciones, cultivos o en algunos otros casos, zonas degradas o abandonadas”.

Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, sector MR-10, que representa a más de 70 pequeños propietarios, advertió de que, “desde 2005, se viene planteando su desarrollo, auspiciado por el propio ayuntamiento. A partir de ahí, trabas, defectos y abandono municipal ha propiciado que ahora estemos sujetos por un Pativel que ofrece menos protección medioambiental que la prevista en anteriores planeamientos, además que desde el punto de vista económico es un desastre para sus propietarios”.

Salvador Pons-Fuster, presidente de la Asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), señaló que “representa a pequeños propietarios que se sienten perdedores y resignados en un espacio que, en suma, se encuentra en un estado grave de degradación y en esta coyuntura el Pativel no viene a corregir, sino que puede recrudecer aún más”.

 

Fuente: www.eleconomista.es

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El Consell inicia los trámites para modificar la LOTUP y adaptarla al ‘nuevo ciclo de protección del territorio’

El Consell ha iniciado los trámites para modificar la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y se ha marcado seis meses de plazo para presentar una propuesta. Así lo ha anunciado esta mañana la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador al finalizar la primera reunión constitutiva del grupo “Espai Territori: experts per un nou urbanisme” en la que han participado más de una veintena de profesionales procedentes del mundo académico, institucional así como de diversas áreas multidisciplinares.

El objetivo de este nuevo círculo de expertos, creado por la conselleria, es crear un foro de participación y diálogo capaz de estudiar y analizar el urbanismo vigente, fijar directrices y criterios y realizar propuestas necesarias para las modificaciones normativas que se realizarán, como la próxima reforma de la LOTUP.

Para la consellera esta primera reunión ha servido para iniciar un proceso de modificaciones legislativas, ya que, es necesario adaptarse al “nuevo ciclo, a la nueva hoja de ruta del territorio y urbanismo que ha de ser de protección de territorio, de un urbanismo sostenible y para las personas”.

 

Dos grupos de trabajo

En este sentido, Salvador ha informado que se han creado dos grupos de trabajo. El primero denominado “Modelo Territorial y de Paisaje” que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura y el segundo, denominado “Modificación Normativa”, que tendría vigencia hasta la aprobación de las modificaciones necesarias.

Respecto a la comisión de trabajo sobre territorio y paisaje que tendría vigencia a lo largo de toda la legislatura, Salvador ha recordado que la conselleria ha empezado a tomar decisiones urgentes en materia de urbanismo y territorio, entre ellas ha mencionado el carácter vinculante al que se ha dotado a la estrategia territorial valenciana. De igual manera, se ha aprobado el PATRICOVA, se ha iniciado la tramitación del Plan del Litoral y en breve se presentará el plan y la ley de l’Horta, al tiempo que se abordará la redacción de los planes metropolitanos.

Para la consellera, la Generalitat está cumpliendo dentro de sus competencias en materia de planeamiento supramunicipal. “Es la mejor manera de limitar los crecimientos del territorio para pasar de un urbanismo depredador a un modelo urbanístico del territorio protector, por lo que necesitamos ese marco jurídico que acompañe esa premisa”.

Por otro lado, Salvador ha informado que los expertos convocados esta mañana han manifestado su interés por la necesidad de la reforma de la legislación vigente, pero también “tenemos que trabajar y resolver los problemas inmediatos” de un urbanismo que ha calificado de “dinámico y una realidad territorial cambiante”.

Entre los problemas inmediatos que se han abordado esta mañana ha mencionado los núcleos diseminados, las ATEs, los denominados PAIS fantasmas, los problemas en las marjalería, etc, “cuestiones que están sobre la mesa y que tenemos que abordar”.

 

Los miembros del “Espai Territori”

El grupo constituido hoy, “Espai Territori”, está formado por la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, por el secretario autonómico de la Conselleria, Vicent Boira y el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando.

Además, lo integran Ana García Salomé, técnica de Evaluación de Impacto Ambiental; Amparo Baixauli, Abogada Urbanista; Blanca Blanquer, abogada; Eugenio Burriel, Catedrático de Goegrafía; Emilia Casar, doctora en Derecho Administrativo; Carles Dolç, arquitecto urbanista; Vicente Dualde, arquitecto;Vicente García Nebot, abogado; José Hilario Garrido, presidente de los Arquitectos Urbanistas; Consuelo Leal, arquitecta del ayuntamiento de Castelló , Vicente Llombart, doctor en Ciencias Económicas; Carmen Melo, del depatamento de Geografía de la Universitat de València; José Luis Miralles, profesor de Urbanismo de la Universitat Politécnica, Arancha Muñoz, arquitecta; Joan Olmos, profesor de Urbanismo de la UPV;Gabino Ponce, profesor de Geografía Humana de la UA, Joan Romero, catedrático de Geografía Humana y Vicent Torres, doctor en Economía.

 

Fuente: www.habitatge.gva.es

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Un juzgado obliga a Godella a demoler un edificio ilegal de 39 viviendas

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Valencia ha declarado ilegal un edificio construido en la urbanización Campo Olivar de Godella y acuerda «la demolición de lo indebidamente construido». El tribunal también reconoce a un vecino, que ha denunciado las ilegalidades cometidas desde el año 2002, a ser indemnizado con 6.000 euros por «los daños morales y perjuicios sufridos», según refleja la sentencia y explica su abogada, Amparo Baixauli.

Los antecedentes de este «culebrón urbanístico» se remontan a 1994 y en él han intervenido, por acción u omisión, los gobiernos municipales del PSPV-PSOE y del PP que se han alternado en el Ayuntamiento de Godella desde 1995.

El edificio «Residencial los Sauces» fue construido por la promotora Viviendas Jardín SA entre 2002 y 2004 pese a que, desde el minuto cero, se ha vulnerado la normativa urbanística y la licencia concedida, según reconoce la sentencia. «La actuación del Ayuntamiento de Godella con Viviendas Jardín, S.A., en relación a la edificación construida en la calle Ermita Nova ha sido tendenciosa para conseguir regularizar una situación ilícita que contravenía el planeamiento vigente», asegura la letrada especializada en urbanismo, Amparo Baixauli.

El origen de esta historia se remonta al convenio suscrito en 1994 entre el Ayuntamiento de Godella y Viviendas Jardín SA que ya pretendía «recomponer la legalidad urbanística vulnerada por la promotora en épocas pasadas» y que se intentó resolver mediante una permuta de parcelas entre ambas partes. En este intercambio, la parcela donde se ha construido el edificio ilegal debía destinarse a un servicio público, aunque de propiedad privada. De ahí que Viviendas Jardín presentara en 1997 una petición de licencia para construir un Complejo Residencial Universitario, aunque un técnico ya la rechazó porque «la tipología que se describía era un simple alquiler de viviendas, un uso no permitido por el planeamiento» de Godella. La licencia se concedió a Viviendas Jardín SA en 1999 aunque llegó a caducar y se renovó en 2001. Las obras empezaron en 2002 y, con ellas, «un particular periplo en el que se suceden múltiples solicitudes de cambio de uso mientras el Ayuntamiento le consiente que continúe la obra». También comienza el via crucis para el vecino denunciante que desde ese año ha intentado que el Ayuntamiento de Godella hiciera cumplir la ley. Incluso llegó a denunciar los hechos ante la Conselleria de Territorio, que requirió al consistorio para que restaurara la legalidad urbanística. El gobierno municipal no reaccionó hasta 2007, cuando declaró ilegal la edificación y llegó a imponer tres multas de 1.500 euros a la promotora, aunque el edificio ya tenía habitadas 17 viviendas.

Finalmente ha tenido que ser un tribunal quien declare la ilegalidad del edificio ejecutado que también incumple la volumetría exigida en las normas urbanísticas de Godella: «la altura de cornisa es de 10,24 metros frente a los 7 metros permitidos por la ordenanza», «se excede tanto en la superficie cubierta como en la volumetría» construida e incumple la normativa de incendios que «compromete la seguridad del edificio en caso de incendio».

 

Fuente: www.levante-emv.com

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