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POLEMICA JORNADA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD DEL PATIVEL

Desde la Sección de derecho administrativo del ICAV hacemos una firme defensa de la independencia judicial y nos opondremos a cualquier actuación administrativa que pretenda doblegarla. En este caso, la GVA, bajo el amparo de la Universidad de Valencia, ha celebrado unas jornadas en las que se ha pretendido crear una opinión pública favorable al documento de PATIVEL, que ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y está pendiente de resolución judicial en el Tribunal Supremo. La administración pública, que es parte en el procedimiento, no debe presionar, por ningún medio, al poder judicial para intentar un fallo favorable. Si el documento de PATIVEL adolece de defectos formales, tramítese de nuevo, pero que no se utilicen estrategias propias de otros regímenes políticos para evitar la nulidad del documento.

Las administraciones públicas se someten a la ley y al derecho por mandato constitucional, como tambien constitucionalmente se reconoce la división de poderes y la independencia judicial. Nuestro deber como juristas es respetar y hacer respetar nuestra Carta Magna, en defensa de todos.

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Mediación contencioso-administrativa

Hoy hemos firmado, como mediadores de lo contencioso administrativo, el acuerdo definitivo a través de la corte de arbitraje de la Cámara de comercio de Valencia. Sólo nos han hecho falta tres sesiones para que ambas partes pongan fin al litigio. Sin duda la mediación puede reducir significativamente los plazos de resolución de conflictos y satisfacer mejor los intereses de los clientes.

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Nueva moratoria para las expropiaciones rogadas

Como ya viene siendo un hábito de la Generalitat Valenciana, nuevamente se ha publicado la paralización de los plazos del artículo 104 LOTUP para tramitar la expropiación rogada. Esta vez han sido 3 años mas, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esta medida tuvo sentido en una, e incluso en las dos ocasiones anteriores, para dar un margen a las administraciones locales  para que adapten el planeamiento y eviten con ello la sangría de justiprecios por la obtención de dotaciones públicas que se calificaron sin medida. A cuatro años vista de la primera paralización, otorgar 3 años más constituye un autentico abuso que atenta contra un derecho ciudadano. Ahora ya no se trata de dar ventaja al ayuntamiento (el que no ha acometido ya una modificación de su planeamiento, solo demuestra que no tiene intención de hacerlo) si no de perjudicar al ciudadano en beneficio de las arcas públicas. Mientras el derecho a la expropiación rogada subsista, el argumento de la falta de recursos públicos no es admisible.

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