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«Es necesario un Pativel, pero no este modelo de Pativel, que es un instrumento de prohibición y anti urbano, que se realiza sin rigor ni estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos». Estas palabras del abogado Christian Fabregat, experto en urbanismo, son el perfecto resumen de la jornada organizada ayer en Valencia por la Federación de Empresas Promotoras de la Comunidad Valenciana (Feprova) para analizar el impacto del Plan de Acción Territorial e Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), cuya tramitación está ultimando la Generalitat Valenciana.

Los expertos coincideron en que la nueva regulación impactará negativamente en propietarios de suelo, en inversores y en la economía de la Comunitat en general. En esta línea, Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, recordó que «la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el Pativel, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, si no pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración».

Antonio Olmedo, presidente de Feprova, incidió en la preocupación del sector frente a un Pativel «que genera inseguridad jurídica y económica. Nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunidad el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población», ha destacado.

Los participantes coincideron en señalar «serias dudas sobre aspectos relacionados con su legalidad y con las posibles indemnizaciones que se deriven de su aplicación», según Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez Acebo y Pombo. «No quiero este Pativel ni ninguno, porque conozco otros ejemplos que han sido un desastre. La estrategia que plantea el PATIVEL para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía, ya que su fisonomía es la que es y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio», añadió.

En este contexto, el secretario general de Feprova, Jesualdo Ros, concluyó que «no pasa nada por esperar un poco y así poder dialogar entre todas las partes».

«Pérdida de inversión y empleos»

La primera mesa de debate, que ha abordado el Pativel desde el punto de vista económico, se ha centrado en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo. Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante, advirtió de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el Pativel, en un horizonte de cinco años. Señaló que «cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada».

La segunda mesa redonda, centrada en la necesidad de analizar el Pativel desde el punto de vista jurídico, ha servido para sacar a la luz las consecuencias derivadas de las deficiencias en su redacción. Moderados por Amparo Baixauli, presidenta de la sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Valencia, participaron los abogados especialistas en Urbanismo Carlos Canellas, Rafael Ballester y Christian Fabregat.

Amparo Baixauli planteó el debate a partir de una serie de ejes en materia normativa, como las deficiencias en la redacción, las consecuencias en los planeamientos vigentes, la imprecisión en las regulaciones de categorías de suelo, las responsabilidades patrimoniales o la problemática de los terrenos con PAI aprobados.

Por su parte, Carlos Canellas, abogado, especialista en urbanismo comentó que «genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el Pativel».

Rafael Ballester selaló que «el Pativel propone un nuevo modelo de suelo que no está regulado por ley». Además, señaló la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones.

«Desastre para los propietarios»

El análisis del Pativel desde el punto de vista social se ha tratado en una tercera mesa en la que han participado Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, y Salvador Pons-Fuster, presidente de la asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), moderados por Antonio Viedma, arquitecto, quien ha insistido en que está «a favor del Pativel, pero no de este modelo, que no parece recordar que el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes».

Esta tercera mesa de debate ha servido para exponer dos casos prácticos y la realidad de un planeamiento, que, como destaca el arquitecto, Antonio Viedma «no se puede realizar a vista de pájaro, sino bajando al terreno, donde encontramos algo más que un espacio verde, ya que está la huella de sus propietarios con pequeñas construcciones, cultivos o en algunos otros casos, zonas degradas o abandonadas».

Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, sector MR-10, que representa a más de 70 pequeños propietarios, advertió de que, «desde 2005, se viene planteando su desarrollo, auspiciado por el propio ayuntamiento. A partir de ahí, trabas, defectos y abandono municipal ha propiciado que ahora estemos sujetos por un Pativel que ofrece menos protección medioambiental que la prevista en anteriores planeamientos, además que desde el punto de vista económico es un desastre para sus propietarios».

Salvador Pons-Fuster, presidente de la Asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), señaló que «representa a pequeños propietarios que se sienten perdedores y resignados en un espacio que, en suma, se encuentra en un estado grave de degradación y en esta coyuntura el Pativel no viene a corregir, sino que puede recrudecer aún más».

Fuente: www.eleconomista.es